Por Ana Jim\u00e9nez Dato<\/div>\n
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Tras el viaje infructuoso de la comisi\u00f3n judicial espa\u00f1ola a Guatemala, el pasado mes de junio, se orden\u00f3 en el mes de julio la orden de captura internacional de los exdictadores guatemaltecos Efra\u00edn R\u00edos Montt, Oscar Humberto Mej\u00eda Victores y otros cinco generales. Los delitos de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas y detenciones ilegales cometidos por los \u201cinculpados\u201d durante sus gobiernos en los a\u00f1os ochenta han quedado impunes hasta ahora. Esta medida internacional viene a paliar las deficiencias procesales del pa\u00eds centroamericano y del sistema jur\u00eddico penal internacional, que han alimentado hasta ahora la impunidad de los exdictadores.<\/p>\n
El siglo XX guatemalteco fue el escenario de una sucesi\u00f3n de gobiernos militares y de una espiral creciente de violencia, en la que los ind\u00edgenas se convirtieron en un blanco estrat\u00e9gico militar en la lucha contra el comunismo. Las mayores barbaries se dieron con los gobiernos de Fernando Romeo Lucas Garc\u00eda (1978-1982), Efra\u00edn R\u00edos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mej\u00eda Victores (1983-1986), cuando el ej\u00e9rcito guatemalteco cometi\u00f3 de manera planificada, sistem\u00e1tica y continuada los delitos de genocidio, tortura y terrorismo de Estado en contra de la poblaci\u00f3n civil indefensa, en general, y de los pueblos ind\u00edgenas, en particular, buscando quebrantar los valores culturales, la cohesi\u00f3n del tejido social y la arraigada tradici\u00f3n comunitaria.<\/p>\n
Las cifras de masacres que se barajan es de 669 casos, con un total de unos 200.000 muertos, de los cuales el 83,33% eran mayas, adem\u00e1s de un gran n\u00famero de desaparecidos y torturados, y unas 400 aldeas aniquiladas. La escalada de violencia comenz\u00f3 el 31 de enero de 1980 con la masacre de la Embajada de Espa\u00f1a, donde 37 campesinos de El Quich\u00e9, que llamaban la atenci\u00f3n sobre la violencia en esa regi\u00f3n por parte del ej\u00e9rcito, fueron asesinados, quedando como \u00fanico superviviente el embajador espa\u00f1ol M\u00e1ximo Cajal y L\u00f3pez. El final de esa oscura etapa de la historia guatemalteca se identifica con el 29 de diciembre de 1996, fecha en que se firm\u00f3 la paz entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).<\/p>\n
El proceso para la negociaci\u00f3n de los Acuerdos de Paz se inici\u00f3 en 1987, y desde esta fecha y hasta la actualidad, 10 a\u00f1os despu\u00e9s de la firma, el Gobierno no ha dado una adecuada respuesta para frenar las violaciones de los derechos humanos de los ind\u00edgenas. A d\u00eda de hoy la justicia contin\u00faa sin llegar a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la lucha de los guatemaltecos y los informes publicados por la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento Hist\u00f3rico ( Guatemala: Memoria del silencio, 1999) y por el proyecto de Recuperaci\u00f3n de la Memoria Hist\u00f3rica, promovido por la iglesia cat\u00f3lica ( Guatemala: Nunca M\u00e1s , 1998), que sirvieron para esclarecer la verdad de los hechos, avanzar en la reconstrucci\u00f3n y reconciliaci\u00f3n nacional y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Aunque a nivel internacional se est\u00e1n dando pasos en la lucha contra la impunidad- con la creaci\u00f3n de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998) como el m\u00e1s relevante-, lamentablemente, el caso de Guatemala, anterior a la entrada en vigor de la Corte en 2002, queda fuera de su potestad. \u00bfExiste entonces alguna posibilidad de luchar contra la impunidad de estos cr\u00edmenes, por encima de las barreras e inacci\u00f3n del gobierno guatemalteco?<\/p>\n
La jurisdicci\u00f3n universal abre la puerta para perseguir internacionalmente cr\u00edmenes que afectan a toda la comunidad internacional. Fue la maya Rigoberta Mench\u00fa quien hizo uso de ella al presentar una demanda ante la jurisdicci\u00f3n espa\u00f1ola, en diciembre de 1999, contra los exdictadores de su pa\u00eds por los actos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinatos y detenciones ilegales cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986, incluyendo el asalto a la Embajada de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Este procedimiento ya se hab\u00eda llevado a cabo en Espa\u00f1a en el caso de Chile contra el exdictador Augusto Pinochet (1998), ampar\u00e1ndose en el art\u00edculo 24.3 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial de 1985, que da competencia a los tribunales espa\u00f1oles para perseguir los delitos de genocidio y terrorismo, entre otros, con independencia de la nacionalidad del perpetrador y del lugar de comisi\u00f3n.<\/p>\n
El caso de Guatemala result\u00f3, sin embargo, m\u00e1s complejo. El Ministerio Fiscal, desde el principio, revoc\u00f3 la jurisdicci\u00f3n espa\u00f1ola, pese a que el Juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, hab\u00eda declarado por Auto de 27 de marzo de 2000 su competencia para conocer del caso y dada la apariencia clara de genocidio al darse los elementos de \u00e9ste, a saber: matanza de miembros del grupo, lesi\u00f3n grave a la integridad f\u00edsica o mental de los miembros, etc, con la intenci\u00f3n de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, \u00e9tnico, racial, o religioso (definici\u00f3n de la Convenci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y la Sanci\u00f3n de Genocidio de 1948, adoptada internacionalmente).<\/p>\n
Desde entonces, ha habido discusiones sobre la legitimidad del Estado espa\u00f1ol para conocer de unos cr\u00edmenes que deb\u00edan antes ser juzgados en el pa\u00eds de comisi\u00f3n seg\u00fan el principio de subsidiariedad, sobre la prueba de los hechos de genocidio y de la aplicaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial espa\u00f1ola. Finalmente, la Audiencia Nacional declar\u00f3 la falta de competencia de los tribunales espa\u00f1oles para conocer del caso, bas\u00e1ndose en la capacidad de la jurisdicci\u00f3n guatemalteca. As\u00ed lo decidi\u00f3 en 2000 y lo reiter\u00f3 en 2003, hasta que la obvia inactividad guatemalteca llev\u00f3 al Tribunal Constitucional a pronunciarse en 2005 a favor de la competencia de los tribunales espa\u00f1oles. La soluci\u00f3n del Constitucional fue acogida por la Audiencia Nacional en febrero de 2006, que envi\u00f3 una Comisi\u00f3n Rogatoria al pa\u00eds centroamericano el pasado 24 de junio. El viaje del juez Pedraz, el fiscal Alonso y el abogado del caso, Antonio Garc\u00eda, para interrogar al expresidente R\u00edos Montt y a otros 7 acusados, se vi\u00f3 esterilizado por la oposici\u00f3n de las autoridades y la Corte Constitucional guatemaltecas. Esto frustr\u00f3 los interrogatorios pero, finalmente, supuso el fundamento para que el juez ordenara el 8 de julio la detenci\u00f3n internacional.<\/p>\n
En este caso pod\u00eda haberse producido por primera vez que un Estado abriera diligencias en otro pa\u00eds a trav\u00e9s de la jurisdicci\u00f3n universal. No ha sido as\u00ed, pero a\u00fan nos queda la esperanza de que llegue en alg\u00fan momento a ejecutarse la mencionada orden internacional de detenci\u00f3n. De esa forma, y aunque m\u00e1s tarde de lo que hubiera sido deseable, la jurisdicci\u00f3n universal lograr\u00eda abrir una puerta al tridente de verdad, justicia y reparaci\u00f3n, all\u00ed donde todav\u00eda se preserva la impunidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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